¿Has oído hablar del impuesto sobre el patrimonio (IP)? Es como ese amigo que aparece de vez en cuando para pedirte una parte de lo que tienes. Este impuesto lo que hace es gravar lo que posees o tienes, pero después de descontar tus deudas, así que no te preocupes si no eres multimillonario. Solo afecta a personas físicas, no a empresas ni nada por el estilo.
Si quieres saber en profundidad qué es el impuesto sobre patrimonio, tienes que saber que se trata de un tributo estatal, establecido y regulado por el Estado, cuya administración total se cede a las comunidades autónomas, así
como también se han cedido determinadas competencias normativas, de acuerdo con la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y conforme al nuevo modelo de financiación establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias.
El Impuesto sobre el Patrimonio afecta a más de 200.000 contribuyentes en España. Del mismo modo, el plazo para presentar el Impuesto sobre el Patrimonio es el mismo que el de la declaración de la Renta, es decir, de abril a junio se presentan los impuestos del ejercicio del año anterior.
Si quieres saber en qué consiste y cómo funciona el Impuesto sobre el Patrimonio, en este artículo te contamos todo lo que debes saber y cómo varía la aplicación del impuesto según la comunidad autónoma.
Índice del artículo
Presentación de la declaración del impuesto sobre el patrimonio IP
Como hemos mencionado antes, el plazo de presentación del impuesto sobre el patrimonio es el mismo que el de presentación de la declaración del IRPF de cada año. Para el ejercicio fiscal 2024 las fechas comenzaron el 3 de abril y terminan el 1 de julio. Aunque en el caso de que se desee optar por la modalidad de pago a través de domiciliación bancaria, el plazo finalizará el 26 de junio de 2024.
Valoración de activos para calcular el Impuesto sobre Patrimonio
Determinar el valor de acciones, fondos de inversión o dinero en una cuenta corriente es bastante directo. Sin embargo, las cosas se complican cuando entran en juego activos menos líquidos, como una casa, un terreno o un coche, que no se pueden comprar o vender rápidamente.
En estos casos, cuando no hay un mercado organizado que respalde la valoración de estos activos, como sucede con las propiedades inmobiliarias, la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, ofrece una guía. Según el artículo 10 de esta ley, el valor de estos bienes será el más alto entre su valor catastral, el valor de compra de la vivienda y el valor determinado por la Administración para otros impuestos.
¿Quién presenta el Impuesto al Patrimonio?
Las personas físicas que residan en España y también las que no sean residentes, pero tengan propiedades o derechos en territorio español deben presentar el Impuesto de Patrimonio. Es importante tener en cuenta que esta declaración no se trata de ingresos, sino de lo que se posee. No importa cuánto se haya ganado durante el año fiscal, lo que importa es el valor de los bienes y derechos que se tienen.
La obligación de presentar el Impuesto de Patrimonio recae en aquellos contribuyentes que, después de calcularlo, tengan una cantidad a pagar. Incluso si el resultado es una cantidad negativa, aún así deben presentar el impuesto aquellos contribuyentes cuyo valor total de bienes y derechos, según las reglas del impuesto, supere los 2.000.000 de euros. El mínimo exento de este impuesto es de 700.000 euros, y tampoco se gravan los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda principal.
Entonces, ¿Quién debe presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio? Este impuesto grava el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, el valor de los activos menos las deudas al 31 de diciembre de cada año. En la práctica, afecta principalmente a grandes fortunas, ya que hay una exención general de 700.000 euros. Sin embargo, ten en cuenta que cada comunidad autónoma puede establecer su propio mínimo exento.
Ejemplos de impuesto sobre el patrimonio cada comunidad autónoma
El Impuesto de Patrimonio ha sido transferido a las comunidades autónomas, lo que les da cierta flexibilidad para ajustar el mínimo exento, cambiar las tasas e implementar descuentos y bonificaciones en la factura fiscal. En lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o Extremadura, se han establecido bonificaciones del 100%, aunque en la práctica se aplican reglas especiales para el pago efectivo mientras esté vigente el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas.
Hablando del mínimo exento, si la comunidad autónoma no lo ha especificado, se reduce en 700.000 euros según las normas estatales. Sin embargo, regiones como Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana tienen sus propios mínimos exentos.
En lo que respecta a las tarifas del impuesto sobre el patrimonio, si tu región no tiene una estructura propia, se aplica la tarifa general establecida en la Ley del Impuesto. Algunas regiones como Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana tienen sus propias escalas.
Además, la vivienda principal está excluida del cálculo del impuesto hasta un máximo de 300.000 euros, al igual que los bienes considerados patrimonio nacional o cultural. Aquellos cuyo patrimonio bruto (sin tener en cuenta las deudas ni la vivienda habitual) supere los dos millones de euros también están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio.
Conclusiones
En resumen, aunque la legislación establece un mínimo exento y diversas exenciones, así como bonificaciones y deducciones en las diferentes comunidades autónomas, sigue siendo un impuesto que afecta principalmente a grandes fortunas.
La obligación de presentar la declaración recae en aquellos cuyo patrimonio neto supere ciertos límites. En definitiva, la declaración del impuesto sobre el patrimonio es una medida para garantizar una distribución equitativa de la carga fiscal, especialmente entre aquellos con mayores recursos económicos, mientras que también refleja la descentralización fiscal y la autonomía de las comunidades autónomas en la gestión de sus impuestos.
